Una venta de armamento en el peor momento del régimen
La trayectoria internacional de Escribano Mechanical & Engineering vuelve a generar controversia en un momento especialmente sensible para la industria de defensa española. Según una investigación publicada por Infobae, la empresa madrileña dirigida por los hermanos Javier Escribano y Ángel Escribano vendió en 2017 sistemas de armamento a la Armada venezolana, en pleno deterioro democrático del país y poco antes de la imposición de sanciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro.
La operación, valorada en dos millones de euros, consistió en el suministro de 24 sistemas de dirección de tiro destinados a modernizar los blindados anfibios Urutú utilizados por la Infantería de Marina venezolana. El contrato se cerró en un contexto marcado por una grave crisis económica, protestas masivas contra el chavismo y una escalada represiva que acabó con decenas de muertos y heridos.
Un negocio previo al embargo europeo
La venta se formalizó antes de que la Unión Europea decretara, en noviembre de 2017, un embargo de armas y material susceptible de represión interna contra Venezuela. Aun así, el resultado final fue incompleto: solo 12 de los 24 sistemas contratados llegaron a destino, pese a que, según fuentes citadas por Infobae, el Ejército venezolano habría abonado el importe total.
El embargo europeo incluía una cláusula que permitía ejecutar contratos firmados antes del 14 de septiembre de ese año, lo que hace aún más llamativo que la entrega se quedara a la mitad. Desde la empresa, un portavoz se limitó a señalar a Infobae que “por confidencialidad con nuestros clientes no podemos ofrecer datos de los contratos”, evitando aclarar por qué no se completó el suministro.
Visitas a Madrid y contactos directos
El proyecto de modernización del Urutú estuvo liderado por Ashraf Suleimán Gutiérrez, hoy comandante general de la Armada Bolivariana. Según la investigación, Gutiérrez visitó hasta tres veces en 2017 las instalaciones de Escribano en Alcalá de Henares, donde se reunió personalmente con los hermanos Escribano para cerrar la operación.
Estas visitas formaban parte de una gira europea con la que Venezuela buscaba empresas capaces de modernizar su parque de blindados, en un momento en el que el país empezaba a quedar cada vez más aislado internacionalmente.
Reconocimiento público del armamento español
A finales de diciembre pasado, el propio Gutiérrez protagonizó un vídeo grabado en la base naval de Puerto Cabello en el que detallaba las mejoras incorporadas al Urutú. En esas imágenes, a las que tuvo acceso Infobae, el almirante reconocía que uno de los principales avances fue la instalación de un sistema de control de tiro adquirido en España entre 2016 y 2017 a través de la empresa Escribano, lo que, según sus palabras, aumentó las capacidades de combate del vehículo.
El vídeo fue difundido en plena escalada de tensión diplomática entre Venezuela y Estados Unidos, con el objetivo de exhibir que las Fuerzas Armadas del régimen seguían contando con tecnología europea. Una demostración de fuerza que, como señala Infobae, no tuvo efectos prácticos en el tablero geopolítico.
Un pasado incómodo en el presente de Indra
La revelación de esta operación adquiere especial relevancia ahora que Ángel Escribano preside Indra, una empresa estratégica participada por el Estado español y uno de los grandes beneficiarios del actual ciclo de inversión pública en Defensa. Aunque la venta a Venezuela se produjo antes de su llegada a la cúpula de la tecnológica, reabre el debate sobre los antecedentes empresariales de quienes hoy controlan compañías clave para la seguridad nacional.
En 2017, España exportó más de 4.300 millones de euros en material de defensa, incluyendo sistemas electroópticos como los suministrados a Venezuela, con autorización de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). Legalidad no equivale, sin embargo, a ausencia de responsabilidad política o reputacional.
La cuestión que ahora se plantea es hasta qué punto estos antecedentes pesan en la evaluación pública de Indra y de su actual presidente, en un momento en el que la compañía concentra contratos multimillonarios, influencia institucional y un papel central en la estrategia de defensa española. Un pasado que, lejos de disiparse, vuelve a proyectar sombras sobre el presente.
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