Consejeros independientes, cada vez más incómodos con la operación
En un momento de creciente inestabilidad política y económica, el núcleo duro del Gobierno ha optado por aplicar una máxima clásica: no mover ficha cuando todo tiembla. Esa consigna es la que ha llevado al principal asesor económico de Pedro Sánchez, Manuel de la Rocha, a ordenar el aplazamiento indefinido de la controvertida operación por la que Indra absorbería Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa propiedad al 100% de los hermanos Escribano.
La instrucción ha sido clara: no es el momento. Y aunque oficialmente se habla de posponer la decisión unos meses, en los despachos se interpreta como una congelación de facto de una fusión que acumula demasiados riesgos legales, financieros y reputacionales.
Un precio inflado y un conflicto de interés evidente
El principal problema de la operación no es estratégico, sino ético y jurídico. La integración de EM&E en Indra supondría que la empresa presidida por Ángel Escribano compre la compañía privada que controla junto a su hermano Javier Escribano, en una operación valorada internamente en cifras que el mercado considera desmesuradas.
En apenas unos años, EM&E ha pasado de ser una empresa valorada en poco más de 100 millones a aspirar a una tasación que ronda —o incluso supera— los 2.000 millones de euros, al calor del rearme europeo y de los contratos públicos adjudicados en cascada. Una revalorización que no ha sido validada por el mercado, ya que EM&E no cotiza, y que genera un riesgo evidente de traspaso de valor desde Indra hacia una empresa privada controlada por sus propios directivos.
El miedo a las querellas ya se instala en los consejos
El freno no responde a un súbito ataque de prudencia, sino al temor real a acciones legales. En el entorno financiero y jurídico de Madrid ya hay bufetes preparando posibles demandas por administración desleal si la operación sale adelante en los términos planteados.
El nerviosismo ha comenzado a extenderse incluso entre los consejeros independientes, hasta ahora alineados con la presidencia de Indra, pero cada vez más incómodos ante una operación que podría acabar en los tribunales y comprometer su responsabilidad personal.
El precedente de las “empresas nacionalizadas” no ayuda
El contexto tampoco juega a favor. El llamado “nuevo INI” impulsado desde Moncloa ya ha tomado posiciones de control en Indra y en Telefónica, dos compañías estratégicas cuya evolución reciente no está avalando precisamente el modelo de gestión política.
En el caso de Telefónica, la situación es especialmente delicada. De la Rocha ha tenido que intervenir directamente para frenar nuevos cambios en la cúpula, ordenando a Marc Murtra que mantenga al consejero delegado Emilio Gayo, pese a que desde la presidencia se le responsabiliza del deterioro de ingresos. La prioridad ahora es evitar más ruido, no abrir nuevos frentes.
Indra sube en Bolsa, EM&E se queda atrás
El aplazamiento ha sentado mal a los hermanos Escribano. Mientras Indra continúa beneficiándose de su condición de cotizada, del respaldo del Estado y del ciclo expansivo del gasto en defensa, EM&E ve cómo su valoración teórica pierde atractivo por comparación, al no reflejarse en un precio de mercado real.
La paradoja es evidente: cuanto más sube Indra, más difícil resulta justificar el precio exigido por EM&E.
Una operación tóxica que nadie quiere firmar
La fusión entre Indra y EM&E no se frena por falta de encaje industrial, sino porque nadie quiere asumir el coste político, legal y reputacional de una operación percibida como un traje a medida para enriquecer a sus promotores.
Con el Gobierno en una posición parlamentaria frágil, con los tribunales cada vez más activos y con los mercados observando con lupa, la operación se ha convertido en un riesgo innecesario. Por ahora, Moncloa ha optado por congelarla. Y en los corrillos financieros ya nadie descarta que ese “aplazamiento” sea, en realidad, el principio del final.
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