Un desarrollo valorado en 15 millones sin competencia real
El Ministerio de Defensa ha adjudicado directamente a Indra un contrato de 15 millones de euros para el desarrollo de un nuevo radar de exploración aérea en banda S destinado a los futuros buques de proyección marítima (BPM) de la Armada. La operación, publicada en el Portal de Contratación del Estado y confirmada por Europa Press, vuelve a poner sobre la mesa un patrón cada vez más evidente: los grandes programas tecnológicos españoles acaban sistemáticamente en las mismas manos.
Adjudicación directa para un sistema crítico
Según la documentación oficial, el contrato incluye el diseño, desarrollo, fabricación, pruebas y validación de una antena AESA rotatoria, un sistema de alta complejidad que será clave en los nuevos buques de la Armada.
Sin embargo, el mecanismo utilizado para asignarlo —adjudicación directa— vuelve a alimentar las dudas sobre la falta de competencia en el sector de defensa español. No hubo licitación pública ni comparación de ofertas: Indra recibió el contrato sin rivales.
Financiación garantizada hasta 2029
El proyecto se extenderá hasta 2029, con una financiación que arranca en cifras simbólicas —200.000 euros en 2025 y 300.000 en 2026— y concentra la inversión real en los tres últimos años, con partidas de entre 4,5 y 5 millones de euros anuales.
Esto asegura a Indra un flujo de ingresos plurianual, independientemente del rendimiento que haya demostrado en programas anteriores, incluidos aquellos donde acumula retrasos, sobrecostes y sanciones del propio Ministerio.
Un patrón que se repite y limita la competencia
Este contrato se suma a los ya adjudicados a Indra en áreas clave: radares Lanza, sistemas de mando y control, satélites de Hisdesat, ciberseguridad militar y el programa 8×8 Dragón.
El resultado es una estructura industrial altamente dependiente de una sola empresa donde, además, el Estado —a través de la SEPI— actúa simultáneamente como regulador, cliente y accionista. Un triángulo que favorece un monopolio de facto y dificulta la entrada de nuevos proveedores tecnológicos.
¿Innovación o círculo cerrado?
Aunque Defensa defiende estas adjudicaciones por la necesidad de preservar capacidades estratégicas, lo cierto es que la falta de competencia reduce la transparencia y encarece la innovación.
España cuenta con pymes especializadas y centros tecnológicos capaces de participar en el desarrollo de sistemas avanzados, pero sus posibilidades se diluyen cuando los programas se entregan automáticamente a Indra sin procesos abiertos.
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