Los préstamos públicos a la UTE centran el recurso ante el Supremo
La adjudicación de los grandes programas de artillería del Ejército de Tierra sigue tensando al sector de defensa. Santa Bárbara Sistemas ha elevado el pulso contra Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), a quienes acusa de acaparar unos contratos valorados en torno a 7.000 millones de euros sin contar con las capacidades industriales necesarias y sin atender propuestas alternativas de colaboración.
La compañía, filial de General Dynamics European Land Systems, no descarta utilizar todas las vías legales disponibles, incluida la justicia europea, para revertir una adjudicación que considera cerrada de antemano. Por ahora, ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo los préstamos públicos concedidos a la UTE de Indra y EM&E para financiar los programas de obuses autopropulsados de ruedas y de cadenas.
“Indra no tiene hoy la capacidad industrial”
El director general de Santa Bárbara, Alejandro Page, fue especialmente contundente al explicar los motivos del recurso. A su juicio, ni Indra ni EM&E disponen actualmente de los medios industriales, tecnológicos ni de producto necesarios para ejecutar unos contratos de esta envergadura.
Frente a ello, defendió que Santa Bárbara sí cuenta con una solución inmediata y probada, el sistema Nemesis, presentado en la última edición de la feria Feindef y evaluado por el Ministerio de Defensa con resultados positivos. “Es un producto alineado con las necesidades reales del Ejército”, subrayó, insistiendo en que su empresa es la única con capacidad efectiva a corto plazo para responder a estos programas.
Sin invitación, sin diálogo y sin respuesta
Uno de los aspectos más criticados por Santa Bárbara es la falta absoluta de interlocución. Según explicó Page, la compañía nunca fue informada de que el Gobierno iba a lanzar un programa de artillería de estas características, ni fue invitada a participar en ningún procedimiento previo.
Al conocer los planes del Ejecutivo, Santa Bárbara trató de reaccionar por vías alternativas, incluida la presentación de propuestas no solicitadas y el ofrecimiento directo de colaboración a Indra, como coordinador del programa. Sin embargo, asegura que no obtuvo ninguna respuesta por parte de la tecnológica presidida por Ángel Escribano.
Ese silencio, sostiene la compañía, fue lo que terminó empujándola a acudir a los tribunales y a solicitar medidas cautelares para frenar la financiación pública del proyecto.
Una adjudicación que amenaza el tejido industrial
Más allá del conflicto puntual, Santa Bárbara advierte de un efecto estructural: quedarse fuera de los grandes programas nacionales dificulta enormemente competir en el mercado internacional. “Si tu propio país no confía en tu tecnología, es mucho más complicado vender fuera”, alertó Page.
Aunque descartó un impacto inmediato en el empleo —las plantas de Trubia (Asturias) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla) mantienen carga de trabajo gracias a contratos internacionales—, reconoció que perder estos programas supone un golpe relevante no solo para Santa Bárbara, sino también para toda la cadena de proveedores que depende de estos proyectos.
Coexistencia frente a exclusión
Santa Bárbara insiste en que su objetivo no es expulsar a Indra del sector ni romper la colaboración existente en otros programas, como el 8×8 Dragón o el vehículo de apoyo a cadenas (VAC), desarrollados conjuntamente en el marco de Tess Defence. Lo que reclama es coexistencia real y competencia efectiva, frente a un modelo que, en su opinión, concentra contratos estratégicos en un único bloque empresarial.
“La idea del recurso es demostrar que Indra y EM&E no son los únicos capaces de ejecutar estos programas”, resumió Page. Si el Supremo no introduce cambios, la compañía no descarta ampliar la ofensiva judicial y recurrir directamente la adjudicación completa de los contratos cuando el alto tribunal se pronuncie.
Un aviso al modelo de defensa
El conflicto por los obuses se ha convertido en algo más que una disputa empresarial. Es ya un cuestionamiento directo del modelo de adjudicación en defensa, basado en procedimientos cerrados, financiación pública masiva y un reducido número de beneficiarios.
Mientras el Gobierno defiende la creación de campeones nacionales, el sector empieza a alertar de los riesgos de exclusión, dependencia y pérdida de capacidades industriales reales. Y Santa Bárbara ha dejado claro que no piensa quedarse al margen sin dar la batalla.
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