Un Gobierno que impulsó el proyecto y después intentó desmarcarse
El Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que intervenir de forma directa para intentar poner fin al mayor despropósito corporativo vivido en Indra en los últimos años. Según ha adelantado El Confidencial, el Ejecutivo llamó este miércoles a capítulo a Ángel Escribano, presidente de la compañía, para trasladarle un mensaje inequívoco: su dimisión facilitaría desbloquear un conflicto que ha desbordado al consejo, al mercado y al propio Gobierno.
La reunión, celebrada por la tarde en Moncloa, llega tras casi un año de advertencias ignoradas, dimisiones internas, tensiones con accionistas y un conflicto de interés que nunca debió tolerarse en una empresa estratégica participada por el Estado.
Un aviso tardío tras meses de dejación
El encuentro fue convocado por el departamento de Asuntos Económicos de Presidencia, dirigido por Manuel de la Rocha, apenas días después de que el consejo de administración de Indra aprobara iniciar conversaciones formales para la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar de los propios hermanos Escribano.
La decisión se adoptó pese a que, en ese mismo consejo, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, llamó al consejero delegado, José Vicente de los Mozos, le obligó a abandonar la sala y le pidió expresamente paralizar la operación, consciente del riesgo institucional y del conflicto de interés evidente.
El aviso fue ignorado.
Un consejo arrastrado por un conflicto insalvable
Siguiendo el orden del día definido por Ángel Escribano, De los Mozos expuso ante el consejo las distintas fórmulas para acometer la toma de control de EM&E. El resultado fue un choque frontal con consejeros independientes y una escalada de tensión interna que ya había provocado dimisiones de miembros del órgano de gobierno contrarios a la operación.
El núcleo del problema era —y sigue siendo— imposible de maquillar: Ángel Escribano preside Indra y, al mismo tiempo, es propietario de la empresa que pretende venderle a la compañía que dirige, junto a su hermano Javier, consejero de la multinacional y dueño del 100% de EM&E. Un conflicto de interés de manual que ha contaminado todo el proceso.
El mercado castiga el desorden institucional
La reacción del mercado no se hizo esperar. Tras conocerse la intervención de la SEPI y el freno gubernamental, la acción de Indra se desplomó cerca de un 14% en apenas 48 horas, con una pérdida de 1.300 millones de euros de capitalización bursátil.
El golpe alcanza de lleno al propio Estado, primer accionista a través de la SEPI, que ha visto evaporarse 364 millones de euros de su participación. Indra ha pasado a terreno negativo en el acumulado del año, tras haber sido uno de los valores más alcistas del Ibex 35.
Un problema que el Gobierno ayudó a crear
Como recuerda El Confidencial, este choque final deja en evidencia una contradicción política difícil de eludir: fue el propio Gobierno quien impulsó hace un año el nombramiento de Ángel Escribano como presidente de Indra, tras la salida de Marc Murtra hacia Telefónica.
Aquel movimiento llevaba implícita la ambición de crear un “campeón nacional” de defensa en un contexto de rearme europeo. Siguiendo ese mandato, Escribano intentó primero adquirir Santa Bárbara a General Dynamics, generando tensiones con Estados Unidos. Después dio el paso más controvertido: proponer que Indra comprara su propia empresa familiar, una operación que el consejo conoció por la prensa antes que por los cauces internos.
Aislamiento accionarial y salida en falso
Hoy, el respaldo a los Escribano es prácticamente residual. Solo Amber Capital, el fondo gestionado por Joseph Oughourlian, apoya sin fisuras la fusión. Ni siquiera sumando su 8% al 14,3% de EM&E se alcanza el 28% que controla la SEPI, cuya posición es determinante.
Moncloa ha reiterado que la salida de Ángel Escribano de la presidencia sería la vía más razonable para desatascar la situación. Hasta ahora, el empresario se ha resistido, convencido de ser el principal artífice del proyecto industrial de Indra.
Una fusión que ha dejado demasiados daños
El caso Indra–Escribano no es solo una operación fallida. Es el retrato de una cadena de errores compartidos: una presidencia que confundió interés personal con estrategia empresarial, un consejo incapaz de frenarla a tiempo y un Gobierno que impulsó el proyecto y solo reaccionó cuando el daño ya era visible en el mercado.
El problema ya no es si la fusión debe hacerse.
El problema es cómo se permitió que llegara tan lejos.
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