La compañía logro un fuerte aumento de rendimientos, pero se enfrente a su momento mas crítico de desconfianza

Indra ha cerrado los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto de 291 millones de euros, un 58 % más que el año anterior. Sin embargo, tras las cifras positivas asoman las tensiones internas y las controversias que rodean a la compañía en sus negocios de defensa, especialmente tras la revalorización de su participación en Tess Defence y los movimientos para fusionarse con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), propiedad del propio presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano Javier.

Muchas de las fuentes del sector consideran que el aumento del beneficio responde en gran medida a ajustes contables derivados de la integración de Tess Defence, el consorcio encargado del blindado 8×8 Dragón, un programa que acumula años de retrasos y advertencias del Ministerio de Defensa. Esta operación ha elevado artificialmente la cartera de pedidos hasta los 9.512 millones, aunque sin un incremento proporcional en entregas o facturación real.

La fusión con EM&E, valorada en más de 2.000 millones de euros, ha provocado malestar dentro del consejo de administración y preocupación en Moncloa, que teme un conflicto de intereses al tratarse de una empresa perteneciente al propio presidente de Indra. Varios consejeros y analistas cuestionan la falta de transparencia en la operación y alertan de que podría concentrar demasiado poder en manos de los hermanos Escribano dentro del complejo industrial de defensa.

Indra, además, mantiene una posición dominante en varios programas estratégicos, como el Eurofighter o el futuro sistema aéreo FCAS, lo que ha generado recelos entre otras compañías del sector —como SAPA, Navantia o Urovesa—, que acusan a la tecnológica de acaparar contratos públicos y de convertirse en un instrumento político dentro del ecosistema de defensa español.

Aunque la compañía insiste en su “solidez operativa” y en su contribución al empleo y la innovación, su creciente dependencia de los contratos estatales y su compleja red de intereses cruzados han convertido a Indra en el epicentro de la disputa por el control del sector militar español.

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