La compañía prepara un nuevo ERE de hasta 7.000 empleados mientras el Estado, a través de Indra, mantiene un silencio cómplice ante el mayor ajuste laboral del sector en años.
Telefónica ha convocado para el próximo lunes 17 de noviembre a los tres principales sindicatos (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) para detallar la aplicación de su nuevo plan estratégico, que incluye un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar entre 6.000 y 7.000 trabajadores. La cifra, que previsiblemente se reducirá en la negociación, supondría uno de los mayores ajustes laborales de la historia reciente de la compañía.
Este nuevo recorte se enmarca en el plan de ahorro de costes con el que Telefónica aspira a reducir 3.000 millones de euros hasta 2030, de los cuales 2.300 millones deberían lograrse ya para 2028. Según el propio consejero delegado, Emilio Gayo, tres cuartas partes de esos ahorros provendrán del “opex”, es decir, de los gastos operativos, entre ellos los salariales.
“En los números que hemos dado […] hemos incorporado todos aquellos ahorros que creemos factibles”, señaló Gayo, reconociendo de manera velada que el ajuste de plantilla forma parte del plan.
El coste social, un apunte contable
El objetivo de Telefónica es imputar el coste del ERE en el cuarto trimestre de 2025, de forma que el ejercicio 2026 quede libre de provisiones extraordinarias y pueda presentar unas cuentas saneadas ante los inversores. Traducido: el despido de miles de trabajadores servirá para maquillar los resultados financieros del año siguiente y mejorar el valor bursátil de la empresa.
La maniobra, que los sindicatos ya esperaban una vez celebradas las elecciones sindicales de Telefónica Soluciones (el 12 de noviembre), parece perfectamente calculada.
Indra y el papel del Estado
La decisión llega en un momento especialmente delicado, con Indra —empresa de mayoría pública a través de la SEPI— incrementando su peso en el capital de Telefónica y ejerciendo una creciente influencia en su estrategia. Resulta paradójico que mientras el Estado se presenta como “garante del empleo de calidad” en sectores estratégicos, consienta un nuevo ajuste masivo en una de las compañías en las que tiene presencia indirecta.
El silencio institucional ante este inminente ERE contrasta con el discurso oficial de “reindustrialización y digitalización sostenible” promovido desde el Gobierno. En la práctica, el refuerzo del control público en empresas como Indra o Telefónica parece orientado más a cuestiones geopolíticas (seguridad, defensa, control tecnológico) que a la protección del empleo o del tejido productivo nacional.
La antesala: un “Marco Social” con letra pequeña
El llamado Marco Social firmado el pasado octubre entre Telefónica y los sindicatos se presentó como un compromiso de diálogo y consenso ante posibles medidas laborales. Sin embargo, muchos analistas lo ven ahora como una antesala cuidadosamente diseñada para facilitar este nuevo ERE, extendiendo una apariencia de negociación consensuada que, en la práctica, permitirá a la empresa ejecutar despidos con un marco jurídico ya preparado.
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