Un año después Escribano aún no explica su relación con Elbit Systems

Un año después Escribano aún no explica su relación con Elbit Systems

Un año después de su llegada a Córdoba, la armamentística Escribano M&E continúa envuelta en una fuerte contestación social que no deja de crecer. Las movilizaciones ciudadanas, impulsadas por colectivos propalestinos y organizaciones pacifistas, denuncian que la compañía española sigue sin aclarar públicamente si ha roto sus relaciones tecnológicas con Elbit Systems, gigante militar israelí cuestionado internacionalmente por su papel en la ofensiva sobre Gaza. Aunque el Gobierno asegura que el embargo de armas aprobado en septiembre obligó a paralizar esa colaboración, el silencio de la empresa y la falta de documentos verificables mantienen viva la sospecha.

En Córdoba, la tensión ha vuelto a las calles. Juventud Córdoba por Palestina convocó una nueva concentración frente al Rectorado para denunciar la “complicidad” institucional en la presencia de Escribano en el parque tecnológico Rabanales 21, cuya gestión depende del Ayuntamiento y de la Universidad de Córdoba (UCO). Para los activistas, ninguna de las dos instituciones puede mirar hacia otro lado: las parcelas públicas cedidas a la empresa, los convenios de prácticas y la participación de Escribano en actos universitarios dibujan, dicen, un respaldo institucional incompatible con el embargo y con las exigencias éticas del sector público.

Las críticas también alcanzan al Ayuntamiento y a la UCO. Varios grupos municipales, como Hacemos Córdoba, recalcan que la llegada de Escribano incumplía los requisitos del parque Rabanales 21 —destinado a empresas de innovación— y señalan que, si existiera cualquier relación activa con tecnología israelí vetada, la empresa debería quedar fuera de cualquier contrato público. Organizaciones como Mejor sin armas y el Centro Delàs insisten en que los informes internacionales apuntan a que romper de inmediato la cooperación con Elbit es “prácticamente imposible”, y alertan de que la supuesta suspensión podría ser “más estética que real”.

El foco principal está en el proyecto SILAM, el sistema de lanzacohetes que Escribano desarrolla junto a Rheinmetall Expal y que originalmente se basaba en la tecnología PULS de Elbit, ahora prohibida por el embargo. Aunque Defensa afirma que el programa sigue adelante con tecnologías alternativas, varias fuentes citadas por medios locales advierten de que la retirada del expediente público no implica que el contrato esté completamente suspendido.

Mientras tanto, otras compañías de defensa —incluidas Santa Bárbara Sistemas e incluso la propia Indra, socia estratégica de los hermanos Escribano— observan Córdoba como un destino clave ante la futura base logística del Ejército proyectada para 2027. Para los colectivos ciudadanos, este escenario aumenta la urgencia de frenar una expansión armamentística que consideran incompatible con la vida universitaria y con los compromisos de derechos humanos del Estado.

En medio de este clima creciente, los grupos propalestinos aseguran que no bajarán la guardia hasta que exista certeza documental y pública de que Escribano ha roto definitivamente sus vínculos con el sector militar israelí. Para ellos, el caso ya es un símbolo: un laboratorio de cómo la industria de defensa española debe responder —o no— a las exigencias éticas y políticas derivadas del embargo.

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