Reuniones en Ferraz y documentación sensible bajo análisis
La investigación judicial que rodea al denominado caso Díez ha puesto en el centro del foco a Zaño Sociedad Consultora, la empresa fundada por el histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías. Según fuentes próximas a la causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, esta sociedad podría haber funcionado como vehículo para canalizar pagos y servicios vinculados a las llamadas “cloacas del PSOE”, una hipótesis que ahora tratan de esclarecer los investigadores.
Zaño aparece relacionada tanto con Leire Díez, actualmente investigada, como con Anabel Mateos, adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE y esposa de Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones. La coincidencia de perfiles, cargos y relaciones políticas ha reavivado las sospechas sobre el uso de estructuras privadas para fines opacos dentro del partido.
Pagos, cargos públicos y solapamientos profesionales
Uno de los aspectos que más inquietud ha generado es el solapamiento de actividades. Mientras Anabel Mateos ejercía como concejala en Roquetas de Mar y diputada provincial en Almería, habría prestado servicios como consultora para Zaño entre 2020 y 2023. Al mismo tiempo, trabajaba para Acento, la firma fundada por José Blanco, donde también había desarrollado su carrera su marido, Antonio Hernando.
La simultaneidad de funciones públicas y privadas, unida a la cercanía al núcleo de poder socialista, ha llevado al Partido Popular, personado como acusación popular, a solicitar nuevas diligencias: el registro de la sede de Zaño, la imputación de Zarrías y la declaración del empresario José Ruz, vinculado al caso Koldo, que habría abonado 36.300 euros a la consultora en 2022.
Un “lobby fantasma” con alta facturación
Zaño Sociedad Consultora SL presenta un perfil llamativo: cinco empleados, más de un millón de euros de facturación anual, sin página web ni actividad publicitaria conocida. Un esquema que, según fuentes consultadas, encaja con el de un lobby discreto, diseñado para operar lejos del escrutinio público.
Entre junio y octubre de 2024, Leire Díez percibió ingresos de esta consultora, en un periodo en el que, según los indicios recogidos en la causa, ya realizaba actuaciones relacionadas con los hechos que hoy se investigan. Desde su entorno se defiende que esos trabajos nada tenían que ver con el PSOE, sino con iniciativas privadas junto al empresario Javier Pérez Dolset para agrupar a supuestas víctimas de las “cloacas del Estado”. Sin embargo, muchas de esas causas afectaban directamente a antiguos dirigentes socialistas andaluces próximos a Zarrías.
Reuniones en Ferraz y documentación sensible
La investigación también ha puesto el foco en varias reuniones celebradas en la sede del PSOE, en Ferraz. En mayo de 2024, Pérez Dolset y Díez se reunieron con Santos Cerdán y Antonio Hernando, a quienes entregaron un pendrive con documentación sensible del caso Villarejo, incluyendo grabaciones comprometedoras relacionadas con el entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Posteriormente, ese material fue utilizado en movimientos destinados a frenar la opa del BBVA sobre Banco Sabadell. Según relató la propia Díez, al devolver el dispositivo, Hernando había eliminado la carpeta relativa al BBVA, un gesto que ha sido interpretado por algunos como una señal política más que técnica. No es un detalle menor que Acento, la consultora ligada a Hernando y Blanco, trabajara para el propio BBVA.
Informes internos y pagos bajo sospecha
En mayo de 2025, Santos Cerdán habría remitido a Pedro Sánchez dos informes elaborados a partir de las pesquisas de Díez y Pérez Dolset, en los que se advertía de riesgos penales y financieros asociados a la opa. Paralelamente, la investigación ha detectado pagos opacos, como el ya citado de José Ruz a Zaño, que refuerzan la sospecha de financiación cruzada entre intereses políticos, empresariales y consultoras afines.
Un entramado que compromete al PSOE
Más allá de la situación personal de Leire Díez, el caso ha escalado hasta afectar a dirigentes en activo del PSOE y a miembros del Gobierno, dibujando un entramado en el que consultoras, cargos públicos y operadores políticos se entrelazan. La posible utilización de Zaño como instrumento para canalizar pagos y operaciones sensibles amenaza con convertirse en uno de los episodios más delicados para la credibilidad del partido, en un momento de máxima tensión política y judicial.
La investigación sigue abierta, pero las piezas que van encajando apuntan a algo más que comportamientos individuales: un sistema informal de influencias y pagos que, de confirmarse, comprometería seriamente la transparencia interna del PSOE y la actuación de algunos de sus principales cuadros.
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