Más de 7.000 millones en contratos de artillería
El Ministerio de Defensa ha decidido respaldar sin matices la adjudicación de los contratos de artillería al tándem formado por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), desestimando el recurso presentado por Santa Bárbara Sistemas, filial española de la estadounidense General Dynamics.
Según fuentes del departamento que dirige Margarita Robles citadas por El País, la resolución acuerda la “desestimación íntegra de todas las pretensiones planteadas”, lo que cierra la vía administrativa y deja el conflicto abocado al terreno judicial.
Más de 7.200 millones en juego
Los contratos en cuestión, valorados en 7.240 millones de euros, forman parte de los Programas Especiales de Modernización (PEM) impulsados por el Gobierno para elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB.
Se trata de uno de los paquetes de inversión más relevantes de los últimos años en defensa, destinado a dotar al Ejército de Tierra de nuevos sistemas de artillería sobre ruedas y cadenas.
Una decisión sin matices… y sin competencia real
La resolución de Defensa refuerza una adjudicación que ya estaba bajo sospecha desde el inicio. Santa Bárbara había denunciado su exclusión del proceso, defendiendo que era la única empresa con capacidad industrial inmediata para ejecutar estos programas.
Sin embargo, el Ministerio ha optado por cerrar filas con Indra y EM&E, sin introducir cambios ni matices en la adjudicación.
Esto plantea una cuestión incómoda:
¿ha existido realmente competencia efectiva en un contrato de más de 7.000 millones de euros?
Indra, cada vez más dependiente del Estado
La decisión consolida aún más el papel de Indra como vehículo central del Gobierno en la industria de defensa, en un modelo en el que la compañía —participada por la SEPI— concentra cada vez más contratos públicos de gran volumen.
El problema no es solo industrial, sino estructural:
Indra crece impulsada por adjudicaciones directas en un entorno donde el Estado es juez y parte.
El factor EM&E: una polémica no resuelta
La presencia de EM&E como socio clave añade otra capa de controversia. La compañía de la familia Escribano ha sido protagonista reciente de una de las mayores crisis de gobernanza en Indra, precisamente por el intento de integración entre ambas empresas.
Aunque la operación fue frenada por el Gobierno por conflicto de interés, la adjudicación de estos contratos mantiene a EM&E dentro del núcleo del negocio.
Esto refuerza la percepción de que:
la operación corporativa cayó, pero el encaje industrial se ha mantenido por otra vía.
Defensa cierra la puerta… y abre el frente judicial
Con la desestimación del recurso, el Ministerio de Defensa cierra la vía administrativa, pero deja abierto el conflicto en los tribunales, donde Santa Bárbara ya ha iniciado acciones.
El riesgo es evidente:
judicializar contratos estratégicos puede retrasar programas clave del Ejército y aumentar la incertidumbre en el sector.
Un modelo bajo presión
La decisión de Defensa no solo valida una adjudicación concreta. Define un modelo:
- Concentración de contratos en torno a Indra
- Integración de socios industriales seleccionados
- Y reducción del margen para otros actores del sector
Un modelo que puede acelerar la creación de un “campeón nacional”…
pero que también eleva las dudas sobre transparencia, competencia y uso eficiente del dinero público.
En un contexto de fuerte aumento del gasto militar, la pregunta ya no es solo quién ejecuta los contratos, sino cómo se adjudican y bajo qué controles reales.