Alberto Nadal apunta directamente a la Oficina Económica de Presidencia como pieza clave
El Partido Popular ha puesto bajo la lupa la relación entre el Gobierno, la tecnológica Indra y la empresa EM&E Group (Escribano). El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha cuestionado públicamente la limpieza de las operaciones que han permitido a los hermanos Escribano obtener una plusvalía superior a los 900 millones de euros tras su paso por la presidencia y el accionariado de la cotizada española.
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo sospecha que los inversores pudieron contar con información privilegiada sobre los planes de Defensa antes de desembarcar en la compañía. » ¿Conocían los propietarios de Escribano que Indra se convertiría en el buque insignia de la política de defensa y recibiría contratos por miles de millones?», ha interpelado Nadal.
Una cronología bajo sospecha
El PP basa sus dudas en una sucesión de hechos que califican de «brutal conflicto de intereses»:
- Inversión estratégica: Entre julio de 2023 y noviembre de 2024, Escribano compró el 14,3 % de Indra.
- Ascenso a la presidencia: En enero de 2025, tras la salida de Marc Murtra hacia Telefónica, Ángel Escribano fue nombrado presidente de Indra, momento en el que la tecnológica empezó a mostrar interés por comprar la propia empresa de su nuevo presidente.
- Contratos públicos: A finales de 2025, Indra se hizo con el 48,9 % de los contratos de defensa del Estado.
- Revalorización récord: En tres años, las acciones de Indra se dispararon un 363 %, coincidiendo los mayores picos con la gestión de Escribano.
Ofensiva parlamentaria
Tras la dimisión de Ángel Escribano en plena Semana Santa —tras meses de supuestas presiones del Ejecutivo y de la SEPI— y la posterior venta de su participación con beneficios millonarios, el PP ha anunciado que pasará a la acción en el Congreso.
El partido solicitará la comparecencia urgente de la ministra de Defensa, Margarita Robles; la presidenta de la SEPI, Belén Gualda; y el Director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha. El objetivo es aclarar qué información manejaban los inversores antes de su nombramiento y cómo se gestionaron los contratos que elevaron artificialmente, a juicio de los populares, la valoración de la compañía.