La CNMC acreditó una década de prácticas anticompetitivas
El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 13,5 millones de euros impuesta a Indra por su participación en el conocido cártel informático que manipuló concursos públicos de servicios tecnológicos durante una década. La resolución supone un nuevo revés para la compañía y ratifica las conclusiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en 2018 sancionó a once empresas por repartirse contratos de la Administración.
Según informó Expansión, la sanción a Indra fue la de mayor cuantía dentro de toda la operación. Tras recurrir sin éxito ante la Audiencia Nacional, la compañía acudió al Tribunal Supremo, que ha rechazado ahora sus argumentos y ha dado por buena la actuación del regulador.
La decisión judicial refuerza la tesis de que durante años existió una red organizada para distorsionar la libre competencia en contratos tecnológicos financiados con dinero público, afectando a algunos de los principales organismos de la Administración española.
Una década de concursos bajo sospecha
La investigación de la CNMC concluyó que las empresas implicadas participaron entre 2005 y 2015 en prácticas destinadas a repartirse adjudicaciones públicas, limitar la competencia y garantizar determinados resultados en los concursos.
Los expedientes afectaron a contratos convocados por organismos tan relevantes como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
De acuerdo con la resolución recogida por el Supremo, el sistema incluía mecanismos especialmente graves:
- Acceso anticipado a información sobre futuras licitaciones.
- Acuerdos privados de reparto de contratos ocultos a la Administración.
- Uso instrumental de UTEs y subcontrataciones para coordinar ofertas.
- Compromisos de exclusividad y no competencia entre empresas.
- Sistemas de compensación económica para corregir desviaciones respecto a los repartos pactados.
- Intercambio de información sensible relacionada con concursos públicos.
Todo ello permitió, según Competencia, crear un entorno artificial en el que la competencia real quedaba seriamente limitada.
Un nuevo golpe reputacional para Indra
Aunque la compañía tenía la multa ya provisionada y el impacto económico será limitado, la resolución del Supremo añade un nuevo problema reputacional a una empresa que en los últimos años ha encadenado polémicas relacionadas con su gobernanza, los cambios en la cúpula directiva, los conflictos accionariales y diversas controversias vinculadas a contratos públicos.
La confirmación judicial resulta especialmente incómoda para una compañía que actualmente se presenta como el gran «campeón nacional» de la defensa española y que ha sido una de las principales beneficiarias de los grandes programas impulsados por el Gobierno en los últimos años.
El Supremo respalda íntegramente las conclusiones de Competencia
La sentencia supone además un espaldarazo a la actuación de la CNMC y deja en una posición delicada al resto de empresas sancionadas que también recurrieron las multas impuestas por el regulador.
Con esta decisión, la Justicia da por acreditado que existieron prácticas incompatibles con la libre competencia en un sector estratégico para la digitalización de la Administración, cerrando uno de los mayores casos de manipulación de concursos públicos investigados en España.