Defensa ultima la resolución sobre los contratos del Ejército
El Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, se prepara para resolver de forma definitiva los recursos presentados por GDELS-Santa Bárbara Sistemas contra los contratos adjudicados a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en el marco de los Programas de Modernización del Ejército (PEM), valorados en más de 7.000 millones de euros. Según informa Vozpópuli, la decisión está prevista para el 22 de abril, lo que cerraría la vía administrativa del conflicto.
Un conflicto millonario con derivadas judiciales
El enfrentamiento entre las partes lleva meses escalando. Defensa ya rechazó en su momento la suspensión cautelar de los contratos, mientras que Santa Bárbara —filial de la estadounidense General Dynamics— ha llevado el caso al Tribunal Supremo, donde ha solicitado medidas cautelares contra la prefinanciación pública (unos 3.000 millones de euros) y contra las adjudicaciones.
La compañía sostiene que fue excluida de forma injustificada, pese a ser —según su criterio— la única con capacidad industrial inmediata para ejecutar estos programas estratégicos.
Acercamiento a Indra tras el cambio en la cúpula
En paralelo al frente legal, Vozpópuli señala que Santa Bárbara ha reactivado contactos con Indra para explorar su posible encaje en el futuro plan industrial del grupo.
Este movimiento se produce en un contexto nuevo tras la salida de Ángel Escribano de la presidencia y la llegada de Ángel Simón, un relevo que ha alterado los equilibrios internos y ha abierto la puerta a recomponer relaciones con actores que habían quedado fuera.
Las aproximaciones parten del entorno de la compañía estadounidense, que busca reposicionarse dentro del nuevo mapa industrial de la defensa en España tras quedar al margen de los grandes contratos recientes.
Negociar para frenar la batalla judicial
Según el mismo medio, General Dynamics ha dejado abierta la posibilidad de retirar su ofensiva judicial si se introducen cambios en el plan industrial de Indra que permitan integrar a Santa Bárbara.
La inminente resolución de Defensa añade presión a todas las partes, que intentan evitar que el conflicto escale definitivamente en los tribunales, con impacto directo en programas clave del Ejército de Tierra.
Presión política y reequilibrio industrial
El movimiento de Santa Bárbara se apoya también en una estrategia más amplia para recuperar peso en el sector, incluyendo acciones de lobby y un acercamiento a territorios clave como Cataluña, en línea con el entorno del nuevo presidente de Indra.
Este reposicionamiento coincide con otro frente abierto: la posible reactivación de la fusión entre Indra y EM&E, que obligaría a redefinir el equilibrio entre socios industriales bajo la supervisión de la SEPI, principal accionista.
Un tablero aún sin cerrar
Pese a los contactos, las fuentes citadas por Vozpópuli subrayan que no existe aún un acuerdo ni un cambio estructural en el diseño industrial de Indra. El proceso se mantiene en fase exploratoria, condicionado por factores políticos, empresariales y regulatorios.
Con la resolución de Defensa a punto de conocerse, todas las partes coinciden en un objetivo inmediato:
evitar una escalada judicial que complique aún más el ya tensionado escenario de la industria de defensa en España.