Una apuesta financiada por la banca, no por capital propio
La imagen de los hermanos Escribano como empresarios que arriesgaron su patrimonio para entrar en Indra queda seriamente cuestionada tras conocerse los detalles financieros de la operación. Según las cuentas consolidadas de su holding familiar, Advanced Engineering & Manufacturing, publicadas con un año de retraso y reveladas por El Confidencial, la compra del 14,3% de Indra se realizó gracias a un préstamo de 373,5 millones de euros concedido por JP Morgan.
La documentación refleja que la financiación cubría prácticamente el valor total de la participación, lo que implica que los propietarios de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) accedieron al capital de la compañía controlada por la SEPI sin realizar una aportación relevante de recursos propios.
Además, las condiciones del crédito resultaban especialmente favorables: dos años de carencia, sin amortización de principal y con costes financieros reducidos, mientras las propias acciones de Indra quedaban pignoradas como garantía.
Moncloa impulsa a Escribano y llegan los contratos millonarios
La operación financiera se cerró apenas semanas antes de que el Gobierno impulsara el nombramiento de Ángel Escribano como presidente de Indra.
Posteriormente, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Defensa adjudicaron a Indra y EM&E contratos valorados en cerca de 15.000 millones de euros, impulsando una revalorización bursátil histórica de la compañía tecnológica.
La secuencia resulta difícil de ignorar: financiación bancaria extraordinaria, entrada en el accionariado, respaldo político desde Moncloa, llegada a la presidencia de Indra y una avalancha de contratos públicos que disparó la cotización hasta máximos históricos.
Una plusvalía multimillonaria tras apenas unos meses
La salida de los Escribano del capital de Indra se produjo después de que el Gobierno forzara la marcha de Ángel Escribano por el evidente conflicto de interés derivado de su intento de fusionar Indra con EM&E.
La venta del 14,3% se cerró por alrededor de 1.300 millones de euros. Según los datos recogidos por El Confidencial, la operación permitió a los hermanos obtener alrededor de 195 millones de euros de beneficio, pese a que la adquisición había sido financiada prácticamente en su totalidad mediante deuda.
Aunque una parte significativa de la revalorización terminó en manos de JP Morgan debido a la estructura financiera utilizada, la operación deja una conclusión incómoda: la mayor plusvalía empresarial de los Escribano llegó después de una combinación de financiación externa, apoyo institucional y adjudicaciones públicas sin precedentes.
Una valoración cada vez más cuestionada
El caso también reabre el debate sobre el valor real de EM&E. La empresa fue valorada durante las negociaciones de integración con Indra en cerca de 2.000 millones de euros, una cifra que numerosos analistas y actores del sector consideraron difícil de justificar.
La caída del interés por la fusión tras la salida de Ángel Escribano, así como las posteriores revisiones a la baja de esa valoración, han reforzado las dudas sobre si el crecimiento de la compañía responde a una ventaja competitiva estructural o, por el contrario, a un entorno excepcionalmente favorable impulsado por la contratación pública.
Del «campeón nacional» al conflicto de interés
La operación que debía convertir a los Escribano en actores centrales de la defensa española terminó con su salida de Indra, la paralización de la fusión con EM&E y una creciente polémica sobre el papel desempeñado por el Gobierno en todo el proceso.
Lo que comenzó como la construcción de un supuesto «campeón nacional» acaba dejando numerosas preguntas abiertas: cómo se financió realmente la entrada en Indra, cuál fue el papel de Moncloa en la operación y hasta qué punto los contratos públicos fueron determinantes para generar una de las mayores plusvalías empresariales de los últimos años en el sector de la defensa.