Indra busca estabilidad tras meses de crisis internas
La posible fusión entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) vuelve a encontrarse con obstáculos políticos, empresariales y financieros. Según diversas informaciones publicadas en las últimas horas, Moncloa habría endurecido sus condiciones para cualquier integración futura, en un movimiento que refleja el creciente recelo hacia una operación que durante meses estuvo rodeada de polémicas por los evidentes conflictos de interés que generaba.
La situación supone un giro relevante respecto al discurso que dominó la etapa de Ángel Escribano al frente de Indra, cuando la adquisición de su empresa familiar llegó a presentarse como una operación estratégica para construir un supuesto «campeón nacional» de la defensa. Sin embargo, cada vez son más las voces que cuestionan si EM&E realmente justifica las valoraciones superiores a los 2.000 millones de euros que llegaron a ponerse sobre la mesa.
Una empresa impulsada por el dinero público
El principal problema para los defensores de la operación es que el espectacular crecimiento reciente de EM&E coincide con una avalancha de adjudicaciones procedentes del Estado.
Durante los últimos meses, la compañía de los hermanos Escribano ha sido una de las grandes beneficiadas por los programas de modernización militar impulsados por el Gobierno, participando junto a Indra en contratos multimillonarios que han transformado radicalmente sus perspectivas de negocio.
Sin embargo, numerosos analistas del sector recuerdan que gran parte de la valoración atribuida a EM&E descansa precisamente sobre contratos adjudicados por la Administración, y no sobre una capacidad industrial comparable a la de los grandes grupos europeos de defensa.
La pregunta que empieza a sobrevolar el sector es evidente: ¿cuánto valdría realmente EM&E sin el respaldo de los contratos públicos concedidos en los últimos años?
Dudas sobre su capacidad industrial
Las incógnitas no se limitan a la valoración económica.
Mientras los principales grupos europeos cuentan con amplias capacidades fabriles, presencia internacional consolidada y décadas de experiencia en grandes programas militares, EM&E sigue siendo una compañía de tamaño reducido dentro del panorama europeo de defensa.
De hecho, varias de las adjudicaciones obtenidas junto a Indra han generado controversia precisamente porque las empresas beneficiarias carecían de experiencia previa en determinados sistemas adjudicados.
El ejemplo más evidente son los programas de artillería valorados en más de 7.000 millones de euros, actualmente cuestionados por Santa Bárbara Sistemas, que sostiene que las adjudicaciones ignoraron a empresas que sí disponían de capacidad industrial y experiencia acreditada en este tipo de plataformas.
El conflicto de interés que nunca desapareció
La salida de Ángel Escribano de la presidencia de Indra y la posterior venta de su participación del 14,3% pretendían eliminar los problemas de gobernanza que habían acompañado a la operación.
Sin embargo, el debate de fondo sigue intacto.
Durante meses, el máximo responsable de Indra fue simultáneamente uno de los principales interesados en que la compañía comprara su empresa familiar. Una situación que provocó tensiones internas, críticas de accionistas y advertencias sobre los riesgos reputacionales de la operación.
Ahora, con Ángel Simón tratando de estabilizar la compañía tras meses de crisis internas, litigios y enfrentamientos empresariales, la prioridad parece alejarse de las grandes operaciones corporativas impulsadas durante la etapa anterior.
Moncloa rebaja expectativas
Las informaciones conocidas apuntan a que el Gobierno exigiría una rebaja sustancial de la valoración de EM&E y limitaría además la capacidad de los hermanos Escribano para mantener influencia en una hipotética integración.
El mensaje implícito resulta difícil de ignorar: si la operación sigue adelante, no será en las condiciones que pretendían sus promotores.
Mientras tanto, el futuro de EM&E sigue estrechamente ligado a la evolución de los contratos públicos de defensa. Una dependencia que alimenta las dudas sobre si su crecimiento responde a una consolidación industrial real o al extraordinario impulso proporcionado por las adjudicaciones del Estado en los últimos años.