El negocio de pagos de Minsait bajo supervisión financiera
La multinacional tecnológica y de defensa Indra vuelve a situarse bajo el foco regulatorio. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha iniciado una inspección sobre la filial de pagos Pecunia Cards (Pecunpay) para analizar su cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Según adelantó Economía Digital, la Unidad de Inteligencia Financiera de España comunicó el pasado 17 de diciembre el inicio de una revisión que afecta a los ejercicios 2023, 2024 y 2025. La inspección se centra en aspectos clave como la estructura organizativa, los procedimientos internos, el control de clientes y el funcionamiento del sistema de prevención de blanqueo.
La compañía, presidida por Ángel Escribano, tuvo hasta el 6 de marzo para remitir la documentación solicitada por el organismo supervisor.
Una adquisición polémica desde el principio
La inspección vuelve a poner el foco en una operación corporativa que ya estaba rodeada de dudas desde su origen. Indra adquirió Pecunia Cards en noviembre de 2023 a través de su división tecnológica Minsait, con el objetivo de reforzar su presencia en el sector de los servicios de pago y fintech.
El precio de la operación fue relativamente modesto —4,3 millones de euros, según las cuentas del grupo—, pero la compra incorporó a la compañía una empresa que ya arrastraba problemas regulatorios previos.
Antes de su adquisición por parte de Indra, Pecunia Cards había sido inspeccionada por el regulador y sancionada con más de un millón de euros por posibles incumplimientos en materia de transparencia, solvencia, salvaguarda de fondos de clientes y control interno.
La sanción fue finalmente abonada después de que la empresa pasara a manos de Minsait, la filial tecnológica del grupo.
Una empresa bajo vigilancia del regulador financiero
La investigación del Sepblac se encuentra, por ahora, en una fase preliminar de recopilación de información. Según reconoce la propia Indra en sus cuentas, todavía no se ha emitido acta de inspección ni se ha iniciado un procedimiento sancionador formal.
No obstante, el simple hecho de que el regulador haya decidido revisar a fondo el funcionamiento del sistema de prevención de blanqueo de la filial financiera de Indra vuelve a abrir interrogantes sobre la política de adquisiciones y los controles internos del grupo.
Especialmente en un momento en el que la compañía aspira a consolidarse como actor clave en sectores estratégicos como defensa, tecnología crítica y servicios digitales.
Más presión reputacional sobre Indra
El episodio añade un nuevo frente de presión reputacional para Indra, que en los últimos meses ya ha estado en el centro de la polémica por cuestiones relacionadas con su gobernanza corporativa, operaciones empresariales controvertidas y tensiones internas en el consejo.
La inspección sobre Pecunia Cards no implica, por ahora, ninguna sanción. Pero vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda: cómo una empresa estratégica participada por el Estado puede verse envuelta repetidamente en episodios que generan dudas regulatorias y de supervisión.
En un contexto en el que Indra aspira a convertirse en uno de los pilares de la industria tecnológica y de defensa europea, los estándares de control interno, transparencia y cumplimiento regulatorio se convierten en un elemento tan decisivo como los resultados financieros.