El programa 8×8 Dragón continúa acumulando problemas
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha intentado este lunes marcar distancias con la profunda crisis interna de Indra pese a que el propio Gobierno lleva meses interviniendo de forma directa en los equilibrios de poder de Indra a través de la SEPI.
Durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, Robles aseguró que el Ministerio “no quiere saber absolutamente nada” de la gobernanza de las empresas de defensa, unas declaraciones que chocan frontalmente con los continuos movimientos políticos, cambios accionariales y maniobras impulsadas desde Moncloa alrededor de Indra en los últimos meses.
Según informó Infodefensa, la ministra insistió varias veces en que Defensa únicamente exige a las compañías que cumplan sus contratos y entreguen capacidades a las Fuerzas Armadas.
Robles intenta desvincularse de la crisis de gobernanza en Indra
Las declaraciones de la ministra llegan apenas horas después de que Indra anunciara el inicio del proceso para buscar un sustituto de José Vicente de los Mozos como consejero delegado, otro episodio más dentro de la creciente inestabilidad corporativa en Indra tras la salida de Ángel Escribano y la llegada de Ángel Simón a la presidencia.
Pese a ello, Robles insistió en que Defensa no tiene interés alguno en la vida interna de las empresas del sector.
“No sabemos ni queremos saber absolutamente nada”, afirmó la ministra al ser preguntada por la crisis de gobernanza de Indra.
El problema es que esa afirmación resulta difícil de sostener en un contexto donde el Gobierno ha participado activamente en la reconfiguración accionarial y directiva de la empresa considerada el gran campeón nacional de defensa español.
El Gobierno interviene en Indra mientras Robles mira hacia otro lado
Mientras la ministra intentaba desvincularse públicamente de la situación, desde Moncloa y la SEPI se han promovido movimientos decisivos dentro de la compañía: la salida de los Escribano, la llegada de Ángel Simón, los cambios en el consejo y la reorganización de áreas estratégicas.
La contradicción resulta evidente: el Ejecutivo interviene constantemente en el futuro de Indra mientras Defensa pretende aparentar neutralidad institucional.
Robles llegó incluso a afirmar que al Ministerio solo le interesa que las empresas “cumplan sus contratos”, ignorando la enorme dimensión política y estratégica que el propio Gobierno ha otorgado a Indra dentro del nuevo ciclo de inversión militar.
El programa 8×8 Dragón sigue acumulando retrasos y problemas
Durante su intervención, la ministra volvió a reconocer indirectamente las dificultades del programa militar VCR 8×8 Dragón, liderado por Tess Defence y controlado por Indra.
Robles admitió haber exigido a la compañía el cumplimiento de plazos y compromisos en un proyecto que acumula retrasos, tensiones industriales y continuos problemas de ejecución.
Sin embargo, evitó profundizar en el impacto que las guerras internas dentro de Indra podrían estar teniendo sobre uno de los contratos militares más importantes del Ejército español.
Margarita Robles evita asumir responsabilidades políticas
La ministra insistió varias veces en que la gobernanza, los accionistas y los conflictos internos de las empresas “no son competencia” de Defensa.
Pero esa posición choca con la realidad de una industria militar española cada vez más condicionada por decisiones políticas, movimientos accionariales y presiones impulsadas desde el propio Gobierno.
El caso de Indra se ha convertido precisamente en el ejemplo más evidente de cómo Moncloa ha utilizado la compañía como pieza estratégica dentro de su política industrial y de defensa.
Indra sigue atrapada entre luchas internas y presión política
Mientras Robles intenta tomar distancia, la tecnológica continúa sumida en una situación de enorme inestabilidad marcada por cambios en la cúpula directiva, tensiones accionariales, reorganizaciones internas y maniobras políticas constantes.
La sensación dentro del sector es que el Gobierno quiere controlar el rumbo de Indra sin asumir públicamente el coste político de la crisis abierta dentro de la empresa.
Y mientras tanto, la compañía sigue gestionando algunos de los contratos estratégicos de defensa más sensibles del Estado en medio de una batalla permanente por el poder corporativo.