La dirección de Indra mantiene las conversaciones abiertas
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, optó este martes por el silencio ante una de las operaciones empresariales más controvertidas del momento: la posible integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
Preguntado directamente en el marco del Mobile World Congress (MWC), el ministro fue escueto: aseguró que “no tiene nada que decir” sobre la operación.
La respuesta no es menor. El Gobierno, a través de la SEPI, es el principal accionista de Indra y, por tanto, actor clave en cualquier decisión estratégica que afecte a la compañía.
El silencio, en este contexto, también es una posición.
Una operación bajo debate público y político
La posible fusión entre Indra y EM&E ha generado intensas tensiones empresariales, dudas sobre el conflicto de interés y un fuerte debate sobre el modelo de gobernanza de la compañía estratégica de defensa.
Pese a ello, desde el Ejecutivo no se ha ofrecido ninguna valoración pública clara.
Mientras tanto, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, confirmó en el propio MWC que está llevando personalmente el análisis de la operación. Según explicó, el consejo le ha encargado mantener conversaciones con distintos stakeholders antes de volver al órgano de gobierno con conclusiones definitivas.
El directivo reiteró que las capacidades de EM&E encajarían en la estrategia del grupo y defendió que el debate “no es solo español, sino europeo”.
El contraste: dirección activa, Ejecutivo ausente
La dirección de Indra insiste en que la operación sigue su curso y continúa siendo evaluada. De los Mozos ya había afirmado la semana pasada, durante la presentación de resultados, que la compañía mantiene abiertas las conversaciones.
En paralelo, el Gobierno, accionista de referencia y responsable último de la política industrial en defensa, evita posicionarse públicamente.
La falta de claridad resulta llamativa en un momento en que se debate la estructura futura de una empresa considerada estratégica para la defensa y la tecnología en España.
Cuando el principal accionista institucional responde que “no tiene nada que decir”, la pregunta que surge es inevitable:
¿Es prudencia política o una forma de evitar asumir un posicionamiento en una operación que divide al consejo y al mercado?