Más de 3.000 millones en programas estratégicos en juego
La batalla judicial en torno a los contratos de artillería del Ejército de Tierra, valorados en miles de millones de euros, continúa acumulando episodios que vuelven a situar en el centro del debate a Indra y a la empresa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
Esta vez ha sido Santa Bárbara Sistemas, filial en España del grupo estadounidense General Dynamics y concesionaria de la histórica Fábrica de Armas de Trubia, quien ha sufrido un nuevo revés en su intento de cuestionar el proceso mediante el cual se adjudicaron los programas de artillería a la unión temporal de empresas formada por Indra y EM&E.
Sin embargo, más allá del episodio judicial concreto, la polémica vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda que recorre el sector de defensa:
¿por qué los grandes contratos públicos parecen acabar siempre en el mismo lugar?
Un nuevo revés judicial en el Tribunal Supremo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado una solicitud de Santa Bárbara Sistemas que pretendía limitar el acceso de las empresas codemandadas —Indra y EM&E— a determinados documentos aportados durante el procedimiento judicial.
Santa Bárbara había solicitado que parte de la información presentada, por su posible sensibilidad empresarial, solo pudiera ser consultada por un número reducido de personas y bajo estrictas condiciones de confidencialidad.
El tribunal, sin embargo, ha decidido no restringir ese acceso, al considerar que los documentos fueron aportados voluntariamente al procedimiento.
Aunque el auto recuerda a las partes su obligación de mantener la confidencialidad sobre la información, el resultado práctico supone un nuevo revés para la empresa que intenta impugnar el proceso de adjudicación.
Miles de millones en contratos bajo sospecha
El origen del conflicto está en los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ejército de Tierra, concretamente en los programas de artillería autopropulsada sobre ruedas (ATP ruedas) y sobre cadenas (ATP cadenas).
Los préstamos vinculados a estos proyectos ascienden a 1.821 millones y 1.181 millones de euros, respectivamente, y fueron adjudicados a la UTE formada por Indra y EM&E.
La cuestión no es solo el volumen económico —más de 3.000 millones de euros— sino el procedimiento mediante el cual se concedieron.
Las adjudicaciones se produjeron sin un proceso competitivo abierto, algo que Santa Bárbara cuestiona en su recurso contencioso-administrativo presentado ante el Tribunal Supremo.
Una empresa histórica frente al nuevo reparto del sector
Santa Bárbara Sistemas es uno de los actores históricos del sector de defensa español, con décadas de experiencia en vehículos blindados, artillería y sistemas militares.
Desde la compañía se insiste en que dispone de capacidad técnica y experiencia contrastada para participar en estos programas.
Sin embargo, en el reparto del mayor presupuesto de modernización militar de los últimos años, la empresa ha quedado fuera de los contratos principales.
Mientras tanto, Indra —empresa participada por el Estado a través de la SEPI— se ha consolidado como el principal beneficiario de numerosos proyectos estratégicos del Ministerio de Defensa.
La gran pregunta del sector
La sucesión de contratos adjudicados a Indra y su entorno industrial ha generado un debate creciente en el sector:
- ¿Se está construyendo un campeón nacional de defensa?
- ¿O se está consolidando una concentración de contratos públicos sin competencia real?
El nuevo revés judicial a Santa Bárbara no resuelve estas dudas. Al contrario, vuelve a poner el foco en el mismo interrogante que recorre el sector industrial y político.
Cuando se trata del mayor plan de modernización militar en décadas, ¿por qué el reparto del pastel parece tener siempre el mismo destinatario?