El artículo 346 vuelve a ser objeto de polémica por las adjudicaciones directas en Defensa
La polémica adjudicación de más de 7.240 millones de euros en contratos de artillería a la unión temporal formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) se enfrenta ahora a su mayor desafío judicial. Según ha informado El Español, la filial española de General Dynamics, propietaria de Santa Bárbara Sistemas, está decidida a llevar hasta las últimas consecuencias su ofensiva legal contra una operación que considera un ejemplo más de cómo el Gobierno ha convertido a Indra en el gran beneficiario de los contratos públicos de Defensa.
La compañía ha decidido acudir a la Audiencia Nacional después de que el Ministerio de Defensa rechazara sus recursos administrativos contra una adjudicación que entregó directamente a Indra y EM&E dos de los mayores programas militares de la historia reciente de España: 128 obuses autopropulsados de cadenas y 86 sistemas de ruedas, valorados en conjunto en más de 7.240 millones de euros.
Indra gana contratos millonarios sin experiencia industrial acreditada
El recurso de Santa Bárbara pone sobre la mesa una cuestión incómoda para el Ejecutivo: la adjudicación recayó sobre empresas que, en el momento de recibir el contrato, carecían de la capacidad industrial y tecnológica necesaria para fabricar los sistemas adjudicados.
De hecho, tras obtener el contrato, Indra tuvo que buscar apoyo tecnológico en la compañía surcoreana Hanwha para desarrollar el obús de cadenas basado en el modelo K9. Además, la UTE adjudicataria ni siquiera disponía de una planta preparada para fabricar estos vehículos, por lo que se vio obligada a adquirir las instalaciones de El Tallerón (Gijón) e iniciar un proceso de adaptación industrial.
La paradoja resulta evidente: primero se adjudican miles de millones y después se busca cómo ejecutar el trabajo.
Mientras tanto, Santa Bárbara recuerda que es una de las pocas compañías europeas que ya dispone de experiencia, tecnología, instalaciones y capacidad demostrada para desarrollar este tipo de sistemas de artillería pesada.
El artículo 346, la herramienta utilizada para evitar la competencia
La adjudicación fue realizada mediante el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una figura legal que permite excepciones en materia de seguridad nacional.
Sin embargo, cada vez son más las voces del sector que denuncian que este mecanismo se está utilizando para evitar procesos competitivos y concentrar contratos estratégicos en torno al proyecto político-industrial impulsado por Moncloa alrededor de Indra.
La consecuencia es que programas multimillonarios terminan adjudicándose sin licitación abierta, sin competencia real y sin que se comparen públicamente capacidades industriales, experiencia previa o costes.
Una guerra abierta entre Santa Bárbara e Indra
El enfrentamiento no surge únicamente por los contratos de artillería.
Las relaciones entre ambas compañías quedaron profundamente deterioradas durante la etapa de Ángel Escribano al frente de Indra. La situación se tensó especialmente cuando la tecnológica intentó adquirir activos de Santa Bárbara para reforzar su expansión en el negocio terrestre de defensa.
La negativa de General Dynamics fue rotunda y desde entonces las disputas entre ambas empresas no han dejado de crecer.
A ello se suma la reciente paralización por parte del Ministerio de Defensa de contratos de mantenimiento por valor de 240 millones de euros relacionados con los carros de combate Leopard y los obuses SIAC, una decisión que ha generado una enorme preocupación dentro de Santa Bárbara y que podría afectar al empleo en sus instalaciones españolas.
El modelo de campeón nacional empieza a ser cuestionado
La batalla judicial llega además en un momento especialmente delicado para Indra.
La salida de Ángel Escribano, el relevo de la cúpula directiva y la llegada de Ángel Simón han abierto una nueva etapa en la compañía. Sin embargo, la judicialización de los contratos amenaza con reabrir el debate sobre el modelo impulsado por el Gobierno para convertir a Indra en el denominado «campeón nacional de la defensa».
Un modelo que ha permitido a la compañía acumular adjudicaciones multimillonarias durante los últimos años, pero que sigue generando dudas sobre si las concesiones responden realmente a criterios de capacidad industrial o a una estrategia política destinada a concentrar el poder del sector alrededor de una empresa participada por el Estado a través de la SEPI.
Mientras la Audiencia Nacional se prepara para estudiar el caso, el conflicto amenaza con convertirse en el mayor examen judicial de una política de adjudicaciones que muchos competidores consideran diseñada para favorecer sistemáticamente a Indra y EM&E, incluso cuando otras compañías disponen de más experiencia, más fábricas y más capacidad productiva.
Fuente: información publicada por El Español.