El Supremo admite el recurso y mantiene abierto el conflicto
La batalla en torno a los grandes contratos de defensa adjudicados a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) está lejos de terminar. Santa Bárbara Sistemas (SBS), filial de General Dynamics, ha confirmado que seguirá adelante con su recurso ante el Tribunal Supremo contra los préstamos públicos de 3.000 millones de euros concedidos a la UTE formada por ambas compañías.
Aunque el alto tribunal ha rechazado aplicar medidas cautelares —lo que permite que los fondos sigan su curso—, ha dejado claro que no entra en el fondo del asunto, que deberá resolverse en una fase posterior.
Un conflicto que va más allá de lo judicial
El movimiento de Santa Bárbara no es solo un paso procesal. Es, sobre todo, un cuestionamiento directo al modelo industrial que se está construyendo en torno a Indra.
La compañía sostiene que fue excluida sin justificación pese a ser, según defiende, el principal fabricante nacional en sistemas de artillería y vehículos de combate terrestre. Y lanza una advertencia que apunta al núcleo del problema:
los actuales adjudicatarios podrían no tener la capacidad real para ejecutar estos programas.
Dependencia exterior y pérdida de soberanía
Según Santa Bárbara, esa falta de capacidades ya estaría teniendo consecuencias:
Indra y EM&E estarían recurriendo a proveedores extranjeros, incluso fuera del entorno OTAN, para poder desarrollar los proyectos adjudicados.
El ejemplo más evidente es la dependencia de tecnología coreana en algunos sistemas, lo que abre un debate incómodo:
- ¿Se está construyendo realmente una industria de defensa nacional?
- ¿O se está externalizando capacidad mientras se concentran los contratos?
La consecuencia, advierte la compañía, no es menor:
pérdida de soberanía tecnológica y menor impacto industrial en España.
Un modelo que excluye y concentra
Santa Bárbara también denuncia haber intentado colaborar con los adjudicatarios en el desarrollo de los programas, sin recibir respuesta.
Este punto es clave porque evidencia un patrón:
no solo se concentran los contratos en torno a Indra, sino que se limita la integración de otros actores del sector.
El resultado es un ecosistema menos competitivo y más dependiente de decisiones políticas.
El Supremo no frena… pero tampoco avala
La decisión del Tribunal Supremo de no suspender cautelarmente los préstamos ha sido interpretada por Indra como un balón de oxígeno. Pero en realidad es una victoria parcial.
El tribunal ha evitado entrar en cuestiones clave como:
- La idoneidad de los adjudicatarios
- Su capacidad técnica
- O la corrección del proceso
Es decir, el núcleo del conflicto sigue intacto.
Un riesgo que va más allá de Indra
Santa Bárbara justifica su recurso no solo en defensa de sus intereses, sino en los del conjunto del sector. Y no es un argumento menor.
Los programas de modernización en juego condicionarán el desarrollo de la industria de defensa en España durante años. Si se construyen sobre bases débiles —capacidad limitada, dependencia exterior, baja competencia—, el impacto será estructural.
Un modelo bajo sospecha
Lo que está en cuestión no es únicamente un contrato de 3.000 millones. Es un modelo:
- Indra como eje central impulsado por el Estado
- Adjudicaciones concentradas
- Y dudas crecientes sobre ejecución real
Mientras tanto, la ofensiva judicial sigue adelante.
Y con ella, una pregunta cada vez más incómoda:
¿se está construyendo un campeón nacional… o un gigante con pies de barro?